La tragedia de los líderes sociales en Colombia

La tragedia de los líderes sociales en Colombia
Por Tania Peña *
Bogotá (PL) El creciente número de crímenes contra líderes sociales en Colombia causa conmoción en amplios sectores del país y de la comunidad internacional.
El procurador general de Colombia, Fernando Carrillo, pronunció el 21 de julio una frase que pudiera verse como una sentencia: 'la muerte del proceso de paz es la muerte sistemática de los líderes sociales'.

Y a renglón seguido, colocó una nota discordante en el discurso gubernamental en relación con el tema: el perfil de sistematicidad de los hechos que él atribuye al grado de impunidad que los rodea.

'Lo sistemático es la impunidad en estos casos; apenas se están comenzando a producir los primeros resultados en relación con el esclarecimiento de estos crímenes', afirmó Carrillo.

También Alberto Brunori, alto comisionado para los derechos humanos de la ONU en Colombia, dijo que es preocupante la impunidad en torno a la creciente cifra de homicidios de líderes sociales.

La ausencia de castigo para los victimarios de esos hechos favorece una mayor violencia, ejercida como un medio de control social, declaró.

Según la Defensoría del Pueblo, en los últimos dos años y medio han sido asesinados 321 líderes sociales en Colombia.

Por eso el pasado 6 de julio se encendieron cientos de miles de velas en las principales ciudades del país sudamericano, en señal de repudio a la acentuada criminalidad.

A través de las redes sociales trascendieron también manifestaciones en Australia, España, Alemania, Bélgica y Noruega, entre una docena de países que respondieron a la convocatoria del denominado Velatón por la Vida.

Desde Naciones Unidas, la Corte Constitucional y el Episcopado de Colombia se han trasmitido mensajes de consternación por la escalada de hechos violentos contra líderes comunales, campesinos, indígenas y representantes de movimientos políticos.

'El recrudecimiento de la violencia afecta las condiciones para una verdadera paz, estable y duradera', expresó la ONU en un comunicado.

De acuerdo con el organismo internacional, son múltiples las violaciones a los derechos individuales y colectivos de los habitantes de departamentos como Antioquia, el Cauca, Chocó, Córdoba, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca.

La oleada criminal obligó al gobierno a convocar una reunión de emergencia que determinó un plan de medidas para avanzar en la protección a los líderes sociales.

Tras la cita de la Comisión Nacional de Garantías, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dio a conocer que se fortalecerá la Unidad Nacional de Protección con más recursos y se pondrán en marcha esquemas de seguridad colectiva.

Desde el Ministerio de Defensa se fortalecerá el instrumento de reacción rápida que hoy atiende las alertas generadas por la Defensoría del Pueblo, agregó el jefe de Estado.

Sin embargo, para monseñor Darío de Jesús Monsalve, arzobispo de Cali, 'mientras no se desmonten las estructuras que originan estas muertes, no vamos a poder tener la seguridad de socorrer la vida de nadie y menos de los líderes y lideresas sociales'.

Y ciertamente, analistas advierten cómo el Cauca, Antioquia y Chocó son de los puntos de la geografía nacional más violentos debido a su posición estratégica en la producción y comercialización de coca y cuyos territorios son disputados por bandas del crimen organizado.

Entre enero de 2016 y junio de 2018 asesinaron 78 líderes en el Cauca, bastión de la lucha indígena y campesina en Colombia, defensora de los acuerdos de paz y de la sustitución de los cultivos de uso ilícito.

Muchas de las muertes están ligadas a los procesos de restitución de tierras. Se trata de propietarios legales de predios desplazados por grupos al margen de la ley que al retornar a sus propiedades, amparados en un dictamen judicial, son asesinados.

También los conflictos asociados a la protección del medio ambiente y la defensa del territorio frente a intereses privados han sido causas de homicidios.

Tanto es así que los litigios por tierra, territorio y recursos naturales representan el 83 por ciento de los homicidios en 2018.

Otro perfil es el de líderes de organizaciones que buscaban la verdad de los crímenes que sufrieron las víctimas o eran reclamantes de tierras.

La Organización Nacional Indígena de Colombia y el Consejo Regional Indígena del Cauca aseguran que los asesinatos de líderes originarios se producen para usurpar el territorio ancestral.

La lucha histórica de los pueblos nativos representa 'un riesgo para la política neoliberal que viene acompañada de explotación de oro y petróleo', señalan las colectividades indígenas.

En entrevista concedida a Prensa Latina el secretario general del Partido Comunista, Jaime Caycedo, calificó de gravísima la oleada de crímenes contra activistas sociales, defensores de los derechos humanos, líderes de izquierda, campesinos e indígenas.

Se están repitiendo en alguna medida situaciones y experiencias que habían quedado en el pasado, como ocurrió con el exterminio de la Unión Patriótica, y esto no es un buen presagio en un momento de tránsito de un gobierno a otro, aseveró Caycedo.

A juicio del padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, los líderes asesinados en Colombia eran hombres y mujeres de paz, jamás portaron un arma; y justamente por eso eran extraordinariamente frágiles, aunque inmensamente valiosos desde el punto de vista ético.

En conmovedora descripción de la tragedia que viven, comentó De Roux que en otros países serían héroes nacionales, mientras aquí los matan.

arb/tp

*Corresponsal de Prensa Latina en Colombia.