Diputados en Chile analizan a jueces por liberar a criminales

Santiago de Chile, 14 sep (PL) Cuestionados por supuestamente traspasar la delgada línea de la independencia jurídica, los diputados de Chile analizaban esta madrugada la remoción de tres magistrados por liberar a criminales de lesa humanidad.

Hace poco más de un mes, la Corte Suprema de Chile otorgó libertad condicional a siete exagentes de la dictadura de Augusto Pinochet, quienes cumplían sentencias por delitos de lesa humanidad.

En la práctica, cinco de ellos gozan actualmente de ese privilegio, porque los otros dos debieron permanecer en la cárcel ante nuevos procesos en marcha en su contra, del mismo tipo.

Fuerzas de la centroizquierda hicieron la petición en el Congreso Nacional de inhabilitar a los jueces Carlos Künsemüller, Hugo Dolmestch y Manuel Valderrama, de la Corte Suprema.

El asunto ha pasado por debates extremadamente complejos y airados dentro del Parlamento. En la primera votación para determinar si había antecedentes para abordar el asunto hubo un empate a 69 sufragios.

Al no existir mayoría simple, se consideró que faltó un voto, por lo cual debieron seguir en las deliberaciones en la madrugada de este viernes.

El Gobierno conservador del presidente Sebastián Piñera rechaza la destitución. Al respecto, sus ministros del Interior, Andrés Chadwick, y de Justicia, Hernán Larraín, calificaron la iniciativa de 'hecho grave desde la perspectiva institucional y democrática'.

La abogada Carmen Hertz, parlamentaria comunista y una de las más fervientes impulsoras de la medida, argumentó que los jueces han vulnerado el derecho internacional y no han cumplido con el Estatuto de Roma.

Se trata de un mecanismo creado por la Corte Penal Internacional, el cual señala que entre los requisitos para liberar condicionalmente a criminales de lesa humanidad es necesario que hayan cumplido al menos la mitad de la condena.

Además, que muestren buen comportamiento en la cárcel, arrepentimiento y colaboración eficaz para encontrar a los desaparecidos políticos.

Ninguno de ellos dio señales de arrepentimiento ni tampoco colaboró con la justicia, según agrupaciones de familiares de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos.

El legislador socialista Jaime Naranjo destacó la postura firme de muchos parlamentarios de al menos ventilar el asunto.

'Es un triunfo de la dignidad del Parlamento que no renunció a usar sus facultades', recalcó.

La Cámara de Diputados deberá en cualquier caso concluir si es admisible la propuesta, mientras que corresponderá al Senado decidir si debe o no inhabilitar a los magistrados.

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