Algunas claves para entender el conflicto más allá de lo aparente, Achacachi pueblo, Achacachi comunidad

 Conflicto en el municipio de Achacachi.
Conflicto en el municipio de Achacachi.

Por Álvaro García Linera

El vicepresidente Álvaro García Linera aporta algunas claves para entender el trasfondo del conflicto en el municipio de Achacachi

Es ridículo ver cómo opositores de las más variopintas tendencias derechistas se revuelcan con poses orgásmicas en torno a las recientes movilización de los comerciantes y transportistas interprovinciales del pueblo de Achacachi. Juntos, desde la más rancia burguesía evasora de impuestos, Doria Medina, exdirigentes acusados de recibir sobornos – “duchazo” de por medio– de ministros de Banzer, trotskistas extraviados, indigenistas de última hora, hasta consultores de USAID y “exsocialistas” devenidos en tinterillos de Sánchez de Lozada, todos vociferan que lo de Achacachi es el inicio del divorcio entre el poderoso movimiento indígena aymara y el gobierno del presidente Evo; y que, incluso, ha llegado el momento de que se vaya.
 
Dejando de lado esta inocultable tendencia golpista de la derecha política residual, hay una evidente y abusiva ignorancia que los enceguece y que les impide cualquier acto de acierto o eficacia política. Veamos algunos ejemplos:
 
Cuando hablan del “levantamiento” de los pobladores de Achacachi, evocando la gran capacidad de movilización de sus pobladores, olvidan diferenciar entre el pueblo o ciudad de Achacachi, donde habita una tercera parte de la población, y las comunidades de Achacachi, donde están dos tercios de la población del municipio. Y es que quienes hoy están movilizados contra el alcalde, son precisamente los habitantes de la ciudad de Achacachi. En tanto que quienes lo respaldan, son las comunidades de Achacachi, especialmente el combativo e histórico cantón de Warisata, lugar de las primeras huelgas de brazos caídos de principios del siglo XX, de la Gran Escuela Ayllu, pero, además, donde el represor ministro Sánchez Berzain fue golpeado y apedreado en septiembre de 2003.
 
Las críticas y denuncias hacia el actual alcalde, que constitucionalmente deben dirimirse en la justicia o en un referéndum, han avivado una latente escisión entre el pueblo de Achacachi respecto a las comunidades campesinas de Achacachi. Hace 50 años atrás, esta escisión pueblo/comunidad era una escisión no solo clasista, sino, ante todo, étnica. En el pueblo habitaban los “mistis”, patrones, hijos de patrones y personal vinculado a las exhaciendas; en tanto que en las comunidades estaban los campesinos aymaras. Enfrentamientos entre campo y ciudad se dieron incluso hasta los años 60, movilizándose las comunidades contra los transportistas que querían imponer un impuesto al pasaje; o cuando el pueblo fue saqueado por las comunidades de los distintos cantones, en la disputa entre Pancho Vizcarra, vecino del pueblo, y Eliseo Gutiérrez, de Warisata, pertenecientes a distintas facciones del MNR.
 
Hoy, los habitantes de la ciudad de Achacachi y de las comunidades son enteramente aymaras; pero ya pertenecientes a distintas clases sociales. Mientras que en la ciudad de Achacachi están fundamentalmente comerciantes, transportistas, artesanos y una parte de profesores, muchos de ellos procedentes de las comunidades y en un claro proceso de enclasamiento social; en las comunidades viven principalmente campesinos, muchos de los cuales tienen oficios complementarios y temporales: obreros, albañiles, maestros, etc. Entonces, hoy hay una clara diferenciación de intereses y de necesidades colectivas que están dando lugar a confrontaciones clasistas, ya no étnicas, al interior del municipio de Achacachi.
 
En segundo lugar, los protagonistas de las grandes movilizaciones contra la dictadura y, recientemente contra el neoliberalismo, han sido fundamentalmente de las comunidades campesinas. El Achacachi “rebelde e insurrecto” es el Achacachi de esas comunidades. Los fundadores de las milicias armadas a mediados del siglo pasado, del Regimiento Gualberto Villarroel, del Regimiento Colorados, de Belén, fueron de las comunidades campesinas. El Ejército Guerrillero Túpac Katari (EGTK), en los años 1985 y 1997, tuvo, en las comunidades de Achacachi, su nacimiento y el lugar de los mayores apoyos. La niña Marlene Rojas, asesinada con una bala en septiembre de 2003 era de Warisata; el Cuartel Indígena de Qalachaca, al que por cierto ninguno de los pseudoindigenistas de derecha que hoy se llenan la boca de discurso radical conoció, se hizo con la movilización de más de cinco mil aymaras de las comunidades campesinas, que con viejos fusiles en mano y durante 20 días mantuvieron en raya a las tropas mandadas por Sánchez de Lozada a reprimir. La victoria electoral de Evo Morales en la provincia se ha hecho consecutivamente con más del 90% del voto de las comunidades. Y el reciente desfile comunal-militar del 7 de agosto, día de las Fuerzas Armadas, ya en pleno conflicto municipal, contó con la presencia orgánica y disciplinada de más de 25 mil ponchos rojos de la totalidad de las comunidades campesinas de este municipio.
 
Y lo que la derecha política no quiere entender, y por eso no comprende nada de lo que está pasando, es que las juntas de vecinos de Achacachi, en el mes de marzo, no solo quemaron la alcaldía del municipio y la casa del alcalde, sino que además –y esto ha incrementado el distanciamiento entre comerciantes y campesinos– es que también han quemado la sede de la gloriosa Federación Sindical de Trabajadores Campesinos de Omasuyos “Túpac Katari”. La quema o demolición de sedes sindicales es algo que solo lo hacían las dictaduras y, recientemente la Unión Juvenil Cruceñista, que el año 2008, en pleno golpe de Estado cívico prefectural quemó las sedes sindicales de los pueblos indígenas de tierras bajas. Se trata de una clara acción de tinte fascista que remató con la quema de una radioemisora también del municipio. En represalia, las comunidades retomaron la antigua práctica del saqueo de tiendas, que fracturó aún más la relación campo-ciudad. Esto también explica por qué ninguna federación campesina provincial ni la valerosa ciudad de El Alto, de fuerte tradición sindical y vecinal, se ha sumado, orgánicamente, a la convocatoria de los dirigentes políticos. La agresión a la sede sindical ha sido asumida por todos como un ataque a la fuente de legitimidad democrática propia que tiene el pueblo boliviano.
 
Hoy, enceguecidos de odio contra Evo Morales, presidente aymara, no faltan algunos trotskistas, ambientalistas, indigenistas que se han lanzado a los brazos de la derecha más cavernaria de Jorge “Tuto” Quiroga y Samuel Doria Medina y callan frente a este hecho inaudito y fascista de la quema de la Federación Campesina, además, buscan encauzar la movilización hacia una confrontación con el gobierno. Pero, con esta manipulación política de un tema estrictamente municipal, han cerrado cualquier posibilidad de darle un tinte progresista, popular o revolucionario a sus imposturas y con el tiempo solo ha de quedar la obscenidad de haber respaldado y alentado actos fascistoides y antidemocráticos que hieren la experiencia y la memoria de lucha del pueblo boliviano y, en particular, del pueblo aymara.
 
Con todo, se trata de una nueva muestra del reciclamiento de una derecha política idiota que no conoce Bolivia y que tampoco la quiere.