Rechaza Frente Guasú paraguayo juicio a magistrados de caso Curuguaty

Rechaza Frente Guasú paraguayo juicio a magistrados de caso Curuguaty
Asunción, 11 oct (L) Como una grosera intención de aplicar un ''garrote jurídico'' calificó hoy el Frente Guasú (FG), la decisión del Ministerio Público paraguayo de someter a juicio a los magistrados que actuaron conforme a derecho en el caso Curuguaty.
La declaración de la coalición de la izquierda oposicionista, publicada este jueves, expresa que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) juzgará a abogados Emiliano Rolón y Arnaldo Martínez, quienes anularon la condena de los once campesinos imputados por ese caso.

Esta acción, a partir de una denuncia de la titular del Ministerio Público, Sandra Quiñónez, expone nuevamente a la justicia paraguaya como viciada, corrompida y manipulada por poderosos grupos de poder, dice el FG.

En ese sentido expresa que el fallo de Rolón-Martínez, era el que correspondía y dio un poco de justicia respecto al grosero manoseo que hubo con ese expediente.

Al catalogar el Ministerio Público de 'canallada jurídica', la postura de los magistrados Rolón-Martínez, se demuestra la tendencia de esa cartera, representativa de la sociedad, hacia posiciones de impunidad, al promover una condena injusta, reseña el texto.

El FG subraya que Quiñónez no solo está apañando el proceso manipulado y viciado que llevó injustamente a la cárcel a campesinos inocentes, sino que se hace cómplice de la actuación delincuencial del fiscal Jalil Rachid, al frente del aberrante proceso.

La coalición política de la izquierda paraguaya rechaza la intención de perseguir magistrados basan su trabajo conforme al derecho.

Realizaremos las acciones que sean necesarias desde nuestra gestión legislativa para evitar la consumación de la aplicación de un 'garrote jurídico' contra magistrados que no quieran ser parte del esquema corrupto que contamina a gran parte del sistema judicial paraguayo, expresaron desde el FG.

Por último llama a toda la ciudadanía a seguir con atención este caso que resulta emblemático tanto a nivel nacional como internacional del funcionamiento corrompido de un poder judicial que funciona al servicio de grupos económicos y de poderes fácticos.

En el Informe de Amnistía Internacional(AI) al Comité de Derechos Humanos de la ONU, publicado el 19 de febrero de 2013, destacó el homicidio de 17 personas -11 campesinos y 6 policías- en el contexto de un desalojo en junio de 2012 en Curuguaty, departamento de Canindeyú.

El documento de AI consideró que el caso muestra la inacción reiterada del Estado respecto a garantizar investigaciones independientes e imparciales sobre denuncias de abusos contra los derechos humanos cometidos por la policía, como ejecuciones extrajudiciales y otros homicidios ilegítimos, y también tortura y malos tratos.

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