Condecorada en Bolivia Comisión de Privatización y Capitalización

 Condecorada en Bolivia Comisión de Privatización y Capitalización
(Por Nara Romero Rams)
La Paz, 13 mar (Prensa Latina) El Ministerio de Defensa de Bolivia condecoró hoy a la Comisión Mixta de Investigación del proceso de Privatización y Capitalización de empresas estatales, hecho que reveló el daño económico ocasionado por gobiernos neoliberales.
La Orden Mariscal Andrés de Santa Cruz en el grado de Comendador fue conferida a 11 senadores y diputados, mientras que en Caballero de Honor fue entregada a una persona, como reconocimiento al aporte histórico de ese proceso y su divulgación para evitar hechos similares en el futuro.

La Comisión Mixta de Investigación sobre Capitalización y Privatización de empresas estatales bolivianas determinó un daño económico superior a los 21 mil 50 millones de dólares en cinco gobiernos neoliberales de 1985 a 2005, que incluye las administraciones de Víctor Paz Estensoro, Jaime Paz Zamora, Gonzalo Sánchez de Lozada, Hugo Banzer Suarez, Jorge Quiroga, nuevamente Sánchez de Lozada y por sucesión Carlos Mesa.

El titular de Defensa, Javier Zabaleta, comentó que la investigación realizada por más de cinco años reveló que existían 212 empresas públicas, de las cuales 157 fueron vendidas y el resto transferidas, aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en enero pasado.

Zabaleta aseguró que durante ese periodo le fue arrebatado a Bolivia 20 años de desarrollo, donde un puñado de bolivianos y extranjeros se hicieron muy ricos, de ahí la importancia de que las actuales y futuras generaciones conozcan la historia para evitar repetir esos hechos lamentables.

Por otra parte, el senador Rubén Medinaceli, presidente de la Comisión Mixta de Investigación del proceso de Privatización y Capitalización de empresas estatales, entregó a la Academia Bolivia de Historia Militar el informe final en varios soportes, como parte de la estrategia de socialización.

Medinaceli nformó que la ALP instruyó a la comisión preparar las proposiciones acusatorias sobre la base del análisis jurídico de los casos analizados, y su remisión a la Contraloría General del Estado, Procuraduría, Fiscalía y ministerio de Justicia.

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