¿Hostigada la oposición en Colombia?

¿Hostigada la oposición en Colombia?
(Por Tania Peña *)
Bogotá, (Prensa Latina) Acusaciones, fallos judiciales y hasta amenazas de muerte caen sobre figuras de la oposición en Colombia con miras a apartarla de la política, denuncian defensores del Acuerdo de Paz.
Según el senador del Polo Democrático Alternativo Iván Cepeda, se está atacando a la oposición de diferentes formas, pero todas con el mismo fin: sacarla del escenario político.

'Contra figuras del campo alternativo y de la defensa de la paz hay una implacable campaña de persecución que busca, con métodos sucios, nuestra muerte política y moral. La extrema derecha nacional y extranjera la lidera', sostiene Cepeda.

El pasado 5 de abril irrumpió en las redes sociales un panfleto firmado por un grupo autodenominado Muerte a Enemigos de la Patria, que amenazó a los senadores Gustavo Petro (movimiento Colombia Humana), Gustavo Bolívar (Lista de los Decentes) y Aída Avella (Unión Patriótica).

'Estamos logrando una limpieza democrática a nivel nacional...Lo peor que le ha pasado a nuestro país fue la escoria de asesinos guerrilleros que a partir de ahora los eliminaremos...', se leía en el libelo que circuló en las redes sociales.

Su publicación coincidió con la presentación de Petro y Bolívar ante la Corte Penal Internacional, de La Haya, para denunciar el golpe a la paz ocasionado por la objeción presidencial a la ley estatutaria de la Justicia Especial de Paz (JEP) y los sistemáticos asesinatos de líderes sociales.

El escritor y senador Bolívar manifestó que la amenaza era consecuencia de la lucha que estaban llevando a cabo en favor de los olvidados de Colombia.

El opositor partido de la Alianza Verde también sufrió un duro golpe una semana después, cuando el 12 de abril el Consejo de Estado anuló la investidura de su congresista más votado, el senador Antanas Mockus.

Este fallo del Consejo de Estado causó indignación en muchos sectores, teniendo en cuenta la trayectoria del profesor Mockus, apegada a la estricta ética y transparencia en la vida política.

La senadora Aída Avella lo calificó de un senador ejemplar, un maestro en la honestidad, alguien que por su filosofía y manera de actuar merece estar en el Congreso.

El máximo tribunal alegó su inhabilidad por presunta participación en contrato con entidad pública en interés de tercero, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de su elección.

Sobre tal decisión concordaron diferentes sectores en Colombia que la medida tuvo tintes políticos y respondió a una estrategia de abogados para favorecer con la curul del senador de los Verdes al cuestionado partido Opción Ciudadana.

Otro caso que saltó a la palestra pública y que acentúa la sospecha sobre una ofensiva jurídica contra las bancadas alternativas es el cuestionamiento de la curul de Ángela María Robledo, excandidata a la vicepresidencia del país por Colombia Humana.

A Robledo se le imputa haber estado inscrita en dos partidos de forma paralela, lo que desmintió categóricamente la congresista, reconocida figura de la oposición en Colombia.

En 2018 la candidatura presidencial de Petro y de Robledo como su compañera de fórmula fue respaldada por más de ocho millones de electores colombianos.

Sobre la demanda en su contra y en la antesala de un fallo del Consejo de Estado en relación con la curul, la legisladora insistió que su asiento en el Congreso no es debido a una elección popular directa, sino resultado del estatuto de la Oposición en el artículo 112.

El artículo 112 de la Constitución deja claro que la candidatura que le siga en votos a la ganadora en elecciones presidenciales tendrá derecho a ocupar una curul en el Senado en el caso del candidato a presidente y otra en la Cámara, su compañero (a) de fórmula.

Cepeda, el activo senador del Polo Democrático, denunció unos días después un montaje para involucrarlo a él y a su esposa que trabaja en la JEP en un hecho de soborno ligado al caso del dirigente de la FARC Jesús Santrich.

El exnegociador de la paz y una de las principales figuras del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) permanece desde hace un año en una cárcel de Bogotá por una acusación de Estados Unidos, de la que no se conocen pruebas y que también es considerada un montaje para lesionar el Acuerdo de Paz.

La embestida de la derecha contra las señaladas figuras de la oposición transcurre en un contexto de férrea defensa a la Jurisdicción Especial para la Paz tras la objeción presidencial a su ley estatutaria.

Quieren enlodar las voces que en el Congreso defienden el Acuerdo de Paz y la JEP, coinciden analistas locales.

A juicio de la periodista colombiana María Jimena Duzán, el intento de montaje que denunció Cepeda demuestra que los enemigos de la JEP están dispuestos a utilizar todos los medios posibles para acabar con ella.

Tanto así que también en este abril se promovió desde congresistas del gobernante partido Centro Democrático una investigación contra la presidenta de la JEP, Patricia Linares.

'Definitivamente hay sectores políticos dispuestos a liquidar la JEP de cualquier manera. Ante fracaso de objeciones e imposibilidad de derogar acuerdos, ahora con descaro pretenden acabar con su presidenta', comentó el exministro del Interior Juan Fernando Cristo.

En declaraciones a la W Radio de Colombia la senadora Aída Avella afirmó que 'hay una arremetida muy fuerte, una andanada horrible, contra la oposición'.

Ilustró la presidenta de la Unión Patriótica que no solo se ve con el caso de Mockus o el de Robledo o el de Cepeda, sino en los intentos de demandarle la personería jurídica al partido que lidera.

También, agregó, en la decisión de no concederle la personería jurídica al movimiento Colombia Humana que encabeza Gustavo Petro, pese al respaldo que le dieron en las urnas más de ocho millones de colombianos.

arb/tp

*Corresponsal de Prensa Latina en Colombia.