La creciente protesta social en Colombia

(Por Tania Peña *)
Bogotá, (Prensa Latina) La protesta social toma fuerza en Colombia desde el comienzo del gobierno de Iván Duque, el 7 de agosto de 2018, hasta la fecha.

Durante el último trimestre del pasado año, las marchas estudiantiles por el reclamo del derecho universal a la enseñanza y por el fortalecimiento de la educación pública marcaron el despertar de las movilizaciones.

A comienzos de 2019 volvieron los estudiantes a las principales calles de Colombia, acompañados de la Federación Nacional de Educadores que también abogó por el cumplimiento de viejos acuerdos pactados con el gremio magisterial relativos a salario, salud e infraestructura docente.

Luego llegó el 18 de marzo, cuando un amplio espectro de organizaciones políticas y sociales se movilizó en defensa del Acuerdo de Paz pactado en La Habana entre el Estado y la exguerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).

Multitudinarias resultaron las demostraciones ese día en ciudades como Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Bogotá, clamando por la paz y oponiéndose a las objeciones de Duque a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Se sumaron a esa manifestación la Lista de la Decencia del Congreso, la Unión Patriótica, Colombia Humana, el Movimiento Alternativo Indígena y Social, el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), la Alianza Verde y el Polo Democrático Alternativo.

Pero no solo las fuerzas opositoras lo hicieron, también exministros del gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y representantes de partidos que apoyaron a Duque durante la campaña electoral, como el Liberal y el de la Unidad Social Nacional, favorables al funcionamiento pleno de la JEP como médula de la paz negociada.

Los manifestantes ese día advirtieron sobre todo del golpe a la construcción de la paz que implica la postura asumida por el gobierno contra la justicia transicional por la inseguridad jurídica que promueve entre los exguerrilleros y los militares que se acogieron a ese tribunal.

Alertaron también de cómo la objeción a la JEP aviva odios y divisiones entre los colombianos, en lugar de unirlos en favor de la reconciliación.

En opinión del arzobispo de Cali, monseñor Darío de Jesús Monsalve, quienes se oponen a la JEP debieran entender que el país está llegando a una época en la que hay que confesar la verdad, que la verdad necesita ser identificada para poder corregir el pasado, asimilarlo y no repetirlo.

Lastimosamente, considera Monsalve, Colombia está bajo la dictadura del tema electoral (comicios regionales en octubre próximo) y ello hace que el país no tenga respiro y no pueda avanzar. Cuando todo se electoraliza, eso es fatal, expresó en entrevista al diario local El Tiempo.

El líder religioso advirtió también que el país se expone a una polarización que se hace sobre una nación herida, una nación que todavía tiene mucho riesgo de crueldad y de caer en el abismo de una guerra civil y una nueva violencia.

Y a tono con esa reflexión, otra vez la defensa de la paz y en especial de la JEP motivó a numerosos sectores de la sociedad colombiana a respaldar un paro cívico nacional el 25 de abril último.

La objeción del presidente Duque y del gobernante partido Centro Democrático a la Justicia de Paz confronta lo constitucional y jurídico, que había sido ya resuelto por el texto mismo de los Acuerdos, el Congreso y la Corte Constitucional, advierten analistas en Colombia.

Con tal proceder el Gobierno Nacional desconoce la buena fe de lo pactado con las FARC-EP, las recomendaciones de la Misión de Seguimiento de la ONU y del Consejo de Seguridad, así como los buenos oficios de los países amigos, apuntó un comentarista local.

Pero también 170 organizaciones sindicales, sociales y políticas del país, reunidas en febrero en un encuentro nacional en Bogotá, conjuntamente con el Comando Nacional Unitario constituido por las centrales obreras, instó a manifestarse contra el Plan Nacional de Desarrollo (PND) que se debate en el Congreso.

Según estimados, decenas de miles de personas se movilizaron el 25 de abril en sitios de trabajo, calles, plazas públicas y carreteras a favor de la paz, contra el PND, pero también contra los sistemáticos asesinatos de líderes sociales y excombatientes de las FARC-EP.

En torno al PND los cuestionamientos señalan que no prioriza la implementación de la paz, privilegia la privatización y profundiza la desigualdad social.

Añaden portavoces de organizaciones campesinas que el PND, propuesto por el gobierno para el próximo cuatrienio, golpea el corazón del agro colombiano y empobrece a las comunidades.

Se reduce la reforma agraria, no se reconoce a los productores que cultivan el 60 por ciento de los alimentos consumidos por los colombianos y se legaliza el despojo histórico y la inequidad en la tenencia de la tierra, subrayan sectores de la oposición.

La Central Unitaria de Trabajadores acota asimismo que las políticas económicas del Centro Democrático liderado por el expresidente Álvaro Uribe, generan zozobra y promueven la inestabilidad laboral; además, empobrecen más a las clases medias con impuestos que deberían pagar los grandes empresarios y terratenientes.

Sostiene el congresista de la FARC Jairo Cala que el Ejecutivo colombiano promueve un plan de desarrollo con exclusión del pueblo, un plan de negocios mediante el cual se beneficia a los gremios económicos y sectores políticos que apoyaron en su elección al presidente Duque.

Además, el componente paz no existe como tal en el PND, al menos no como fue acordado en el pacto político más relevante de los últimos 30 años en Colombia: el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, añade Cala.

Subraya también el legislador fariano que de ser aprobado el llamado Plan Nacional de Desarrollo, la polarización en el país se profundizará más, ya no por asuntos políticos, sino por afectaciones directas a las grandes mayorías y al medio ambiente.

A las jornadas de protesta mencionadas habría que agregar la prolongada Minga Indígena del suroeste colombiano por reivindicaciones ancestrales y que se mantiene en asamblea permanente, en reiterado llamado a la presencia del jefe de Estado en el departamento del Cauca.

En los casi nueve meses de mandato de Duque es evidente el descontento de grandes sectores sociales que perciben un retroceso en la Colombia profunda, la de las grandes mayorías que aspiran a vivir en un mejor país.

arb/tp

*Corresponsal de Prensa Latina en Colombia.