Corte constitucional salvadoreña intentó imponer dictadura judicial

Corte constitucional salvadoreña intentó imponer dictadura judicial
Por Charly Morales Valido*
San Salvador (PL) El constante sabotaje de la Sala de lo Constitucional a las iniciativas sociales del gobierno reforzó en 2017 el criterio de que El Salvador padece una suerte de dictadura judicial.
La imparcialidad de dicho ente de la Corte Suprema de Justicia fue puesta en entredicho, sobre todo por sus fallos presuntamente dirigidos a afectar al gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Amén de extralimitarse en sus obligaciones, los jueces Belarmino Jaime, Florentín Meléndez, Sidney Blanco y Rodolfo González se arrogaron el derecho de interpretar a conveniencia la Carta Magna para boicotear al gobierno. Para parlamentarios como Jackeline Rivera resultó 'aberrante, abusivo y peligroso' que la polémica Sala pretenda dictar cuáles tienen que ser las prioridades para la inversión estatal.

Entre sus sentencias más polémicas del año destacó la anulación del presupuesto del Estado para 2017, a solicitud de la oligárquica Alianza Republicana Nacionalista (Arena), principal partido de la oposición.

Así, los magistrados 'ordenaron' recortar el gasto público en sectores que no consideró prioritarios, pero se rehusaron a ejercer la austeridad que reclaman al Ejecutivo, manteniendo prebendas como seguros y confituras.

Según el artículo 167 de la Constitución, el Ejecutivo es el órgano designado para diseñar el prepuesto, proyectar ingresos y definir prioridades, y en eso la Sala no tiene voz ni voto.

Sobre los cuatro jueces también pende la demanda por prevaricato que interpuso el magistrado Ulises Rivas, pero la Fiscalía y el Tribunal de Ética Gubernamental se niegan a actuar pese a las pruebas.

Rivas fue inhabilitado como magistrado del Tribunal Supremo electoral por supuestos vínculos con el FMLN, y su lugar lo ocupó una jueza de abierta filiación arenera, y nadie hace algo al respecto.

'La Sala ha hecho bien su trabajo de amedrentar a los funcionarios, en el sentido de quien los cuestiona o pone en tela de duda sus actuaciones son destituidos', denunció el magistrado.

Por otro lado, el Instituto de Acceso a la Información Pública denunció que las resoluciones de la Sala constituyeron un retroceso en materia de transparencia, pues los funcionarios deciden qué se dice y qué se oculta.

Con esta sentencia, dictada a la medida de los grupos de poder económico y personeros de la derecha acusados de corrupción, nadie está obligado a rendir cuentas sobre su uso de fondos públicos.

Julio Olivo, presidente del Tribunal Supremo Electoral, criticó también a la Sala por sus 11 fallos que rompieron la correlación de fuerzas en el ente concebido para garantizar la transparencia de los comicios.

Otra sentencia favorable a Arena fue la anulación de las reformas a la Ley Especial de Extinción de Dominio, las cuales eliminaban los resquicios legales que permitían a los corruptos evadir la Justicia.

Para Norma Guevara, coordinadora del grupo parlamentario del FMLN, los cuatro jueces muestran un servilismo hacia Arena y una preferencia por juzgar según las leyes de la dictadura.

También en 2017 declararon inconstitucional el carril exclusivo del sistema de transporte público Sitramss, en respuesta a otra demanda de Arena, que tiene en la Sala a su Oficina de Quejas.

El propio presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, denunció el carácter desestabilizador de la corte constitucional, que a mediados de año anuló una reforma para garantizar el pago a 175 mil pensionados.

La política gubernamental de protección ambiental también sufrió por los recortes ordenados por cuatro magistrados que evidenciaron así su 'tremenda ignorancia' sobre problemas acuciantes, como la contaminación.

Para Roberto Lorenzana, jefe del gabinete económico de la Presidencia, la Sala se basa en criterios eminentemente políticos para emitir una sentencia de resentimiento, 'considerando que están sobre Dios'.

La gestión de estos cuatro magistrados culmina en 2018, aunque ya buscan variantes para prorrogarse, y con su historial de interpretar a conveniencia la Constitución, cualquier cosa sería posible.

* Corresponsal Jefe de Prensa Latina en El Salvador.

Em/cmv